La victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de Estados Unidos abre numerosos interrogantes sobre la continuidad de políticas públicas emprendidas por su antecesor Donald Trump. Algunas de estas vinculadas con los medios, el periodismo y la comunicación en general. Aquí vamos a considerar el caso de la presión que ejerció el presidente republicano sobre el final de su mandato sobre las grandes tecnológicas, presión compartida con senadores demócratas. A fines de octubre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió un expediente contra el buscador Google bajo la sospecha de violar leyes antimonopólicas. Generalmente se concibe al Partido Republicano como el partido pro corporaciones empresarias y al Demócrata como pro clase media y baja. En el caso de los procesos antimonopólicos, esto no es tan cierto. Dos grandes procesos que culminaron con la división de empresas estuvo impulsado por presidentes republicanos: el de la petrolera Standard Oil, por Theodore Roosevelt; y el de la telefónica AT&T, que se inició bajo Gerald Ford y que fue dividida en tiempos de Ronald Reagan, no bajo el demócrata Jimmy Carter. La pregunta es qué hará Joe Biden al respecto. En un documento “para oficial” de campaña, el tema figura entre las políticas públicas a sostener por parte de la nueva administración. Se anuncia continuidad y no ruptura.
En el 2020, el mundo GAFAM se volcó significativamente contra Donald Trump. Incluso Twitter, su fuente de comunicación predilecta hasta el 2019, comenzó a restringir los mensajes del presidente norteamericano de modo sistemático.
Según informes periodísticos, los empleados de las grandes tecnológicas destinaron mucho dinero para financiar la campaña de Biden. Lo datos son transparentes y pueden ser consultados de modo abierto. Dentro de las empresas se destaca Alphabet, la empresa madre de Google. Según el Financial Times, las tecnológicas tienen una sustantiva inversión en lobby, tanto en el Congreso del país como en las agencias federales.
En campaña, Biden incluyó a las tecnológicas dentro de las empresas a las que se le subirían los impuestos. Asimismo, se mostró favorable a considerar cambios en la Sección 230 de la Ley de Telecomunicaciones de 1996 que garantiza la neutralidad de las redes en cuanto a la distribución de contenidos. Si el campo de acción de las tecnológicas se limitara a las fronteras de Estados Unidos, estas promesas serían más fáciles de cumplir. Dado que tienen un campo global, las acciones que afecten a las tecnológicas norteamericanas podrían generar un gran beneficio para sus contrapartes chinas. Es decir, las regulaciones sobre tecnológicas debieran incluir un acuerdo de Estados Unidos con China para evitar una situación de competencia desleal por parte de los chinos. Las mesas de juego son amplias y variadas. Habrá que esperar al 2021 para conocer cuáles serán las prioridades de la nueva administración Biden. Este tipo de procesos judiciales llevan sus años y podría darse que al final del mismo, los actores en el campo tecnológico pudieran ser muy distintos. Un tema a seguir en el próximo año.